El senador RN José García Ruminot ha acusado al diputado PPD Jaime Quintana de haber participado en esta operación: “en la comuna de Victoria se le falsificó la firma al alcalde y se hizo copia del timbre de la municipalidad para presentar a Chiledeportes un proyecto desde la oficina parlamentaria de un parlamentario de la Concertación”. No obstante aquello, la Contralora subrogante, Noemí Rojas, llama a la calma: los fondos no se han usado para cuestiones políticas.

Paradojalmente, la derecha promueve la ratificación de Noemí Rojas en la Contraloría, a pesar que Rojas niega la acusación que estos avalan. Asimismo, la oposición se cierra al candidato propuesto por el Gobierno, Pablo Ruiz-Tagle, a quien se ha propuesto justamente para modernizar el organismo, en cuanto persona independiente de la entidad.

De acuerdo al diario electrónico El Mostrador, la Alianza busca la ratificación de Rojas dadas las afinidades ideológicas que tiene la funcionaria con el bando opositor. (En el noticiero de Fernando Paulsen, el mismo Nicolás Mönckeberg dejó entrever dicha visión: “para mí, el ideal debe ser que un Gobierno tenga como contralor a un opositor ideológico”.) Y, aunque la Contralora subrogante niegue el uso de las platas de Chiledeportes para proselitismos particulares (pese a lo obvio de que hubo dineros usados para tales finalidades), la sola revelación de los incidentes dice relación con una suerte de vendetta de la propia Rojas, toda vez que la cabeza de la funcionaria está en estado de condicionalidad.

La Presidenta Michelle Bachelet ha afirmado su rechazo a las malversaciones de fondos. Ordenará sumario (uno sabe cómo comienzan, nunca como terminan; básicamente porque el proceso se entorpece merced al comportamiento de encubrimiento/amiguismo de los funcionarios) para revisar las distribuciones de las asignaciones directas de Chiledeportes. La derecha ha llamado a la Concertación a aprobar con suma urgencia un proyecto de ley que elimine las asignaciones directas de Chiledeportes, reemplazándose por concursos públicos de carácter mensual. Por cierto, la coalición gobernante debería sentarse a la mesa a discutir dicho proyecto para dar muestras de transparencia, pero anteponiéndolo a la revisión de la ley electoral.

¿Por qué revisar la ley electoral? A la hora de las campañas políticas, muchos personeros de la Concertación tienen cierto grado de trauma con el poderío económico de las abundantes erogaciones económicas de la derecha en favor de sus candidatos a algún cargo de representación popular.

En muchas ocasiones, los candidatos del pacto de gobierno no reciben aportes suficientes para montar una campaña y echan mano a los recursos del fisco para poder equipararse a la maquinaria económica de un sector económico excesivamente concentrado en lo ideológico. Para contrarrestar la tentación, deben acabarse tanto los desvíos fiscales y el intervencionismo electoral, como las excesivas diferencias que pudieran darse entre candidatos de diferentes pactos (más allá de Concertación y Alianza): se debe emparejar la cancha presupuestaria, para que los dineros de campaña no sean lo suficientemente abundantes como para practicar sutiles formas de cohecho y como para que los candidatos se sientan en igualdad de condiciones.

Una manera inteligente y razonable de equilibrar las balanzas fortalecería sin lugar a dudas nuestra democracia, poniéndole la lápida a las ansias de comprarle el voto a los electores a través de dádivas de diversa índole. Solucionar aquellas distorsiones entre bandos evitaría (por ejemplo) la instrumentalización tendenciosa de noticias que le envenenen el pozo a la parte denunciante de cualquier irregularidad hoy y en el futuro: la revelación de la existencia de una cuenta en Hong Kong de Augusto Pinochet, en la cual el ex dictador guarda en oro el equivalente a US$ 160 millones, no debe confrontarse para jugar a los empates morales con la derecha.

No demuestra responsabilidad entre el oficialismo sacarse los pillos de esta manera. Más digno sería procurar las alturas morales a partir de una medida salomónica que acabe con los intervencionismos electorales, termine con el cohecho en cualquiera de sus formas, le atribuya al Servicio Electoral mayores facultades de fiscalización y castigo respecto del falseamiento de los informes de los presupuestos de campaña, revise la ley electoral para homologar las erogaciones entre diferentes bandos políticos y, finalmente, garantice la representatividad proporcional en el sistema electoral, acabando con ese empate forzado llamado binominal.

Primero, no puede exigir al Consejo facultades legislativas; la Constitución no se lo permite. Las atribuciones legislativas son privativas de las dos Cámaras parlamentarias y, en última medida, de los Decretos con Fuerza de Ley emanados por el Presidente de la República.

Ahora bien, no debió ser un capricho de la Presidenta Michelle Bachelet optar por la conformación de un Consejo en lugar de delegar la discusión de este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Busquemos las razones de la decisión presidencial:

1) Los señores congresistas deben estudiar diversos proyectos de ley a la vez. Por lo mismo, no volcarían ni la mitad de su tiempo parlamentario en estudiar con dedicación exclusiva el tema educacional.

2) A diferencia de los miembros del Consejo Asesor Presidencial, la gran mayoría de los señores congresistas no proviene del mundo de la educación. Si la discusión se hubiera centrado en el Parlamento, muchos diputados y senadores ignorantes en la materia habrían quedado altamente susceptibles a los Pepe Grillo, así como a los informes tendenciosos de los institutos afines a cada uno de los partidos políticos.

3) Al tratarse la educación de uno de los grandes temas de un país, dejarlo en manos del Congreso y a su brutal lobby habría derivado en parlamentarios enfrascados en angustiosas discusiones bizantinas concluyentes en más decisiones parche y, por consiguiente, en manifestaciones más duras del movimiento estudiantil.

Como he dicho el día de ayer, un Consejo Asesor, compuesto en su gran mayoría por gente del rubro, viene a ser el mal menor entre todas las opciones para buscar una solución a la problemática del sistema escolar. Los dirigentes estudiantiles no pueden exigir a Cristo en la tierra para hacerles el milagro antes de graduarse. Como dijo una periodista argentina a LUN tras haber entrevistado a la dirigente María Huerta, “la madurez que tienen al plantear sus temas, la deberían tener también a la hora de negociar”. Continúen negociando.

(21:14) Abstención se escribe con C
Encabezado de la página 4 de la edición de hoy de La Tercera. El sustantivo de todos los verbos terminados en -tener se escribe siempre con C: mantener - mantención; contener - contención; retener - retención; atener - atención; abstener - abstención.