El senador RN José García Ruminot ha acusado al diputado PPD Jaime Quintana de haber participado en esta operación: “en la comuna de Victoria se le falsificó la firma al alcalde y se hizo copia del timbre de la municipalidad para presentar a Chiledeportes un proyecto desde la oficina parlamentaria de un parlamentario de la Concertación”. No obstante aquello, la Contralora subrogante, Noemí Rojas, llama a la calma: los fondos no se han usado para cuestiones políticas.
Paradojalmente, la derecha promueve la ratificación de Noemí Rojas en la Contraloría, a pesar que Rojas niega la acusación que estos avalan. Asimismo, la oposición se cierra al candidato propuesto por el Gobierno, Pablo Ruiz-Tagle, a quien se ha propuesto justamente para modernizar el organismo, en cuanto persona independiente de la entidad.
De acuerdo al diario electrónico El Mostrador, la Alianza busca la ratificación de Rojas dadas las afinidades ideológicas que tiene la funcionaria con el bando opositor. (En el noticiero de Fernando Paulsen, el mismo Nicolás Mönckeberg dejó entrever dicha visión: “para mí, el ideal debe ser que un Gobierno tenga como contralor a un opositor ideológico”.) Y, aunque la Contralora subrogante niegue el uso de las platas de Chiledeportes para proselitismos particulares (pese a lo obvio de que hubo dineros usados para tales finalidades), la sola revelación de los incidentes dice relación con una suerte de vendetta de la propia Rojas, toda vez que la cabeza de la funcionaria está en estado de condicionalidad.
La Presidenta Michelle Bachelet ha afirmado su rechazo a las malversaciones de fondos. Ordenará sumario (uno sabe cómo comienzan, nunca como terminan; básicamente porque el proceso se entorpece merced al comportamiento de encubrimiento/amiguismo de los funcionarios) para revisar las distribuciones de las asignaciones directas de Chiledeportes. La derecha ha llamado a la Concertación a aprobar con suma urgencia un proyecto de ley que elimine las asignaciones directas de Chiledeportes, reemplazándose por concursos públicos de carácter mensual. Por cierto, la coalición gobernante debería sentarse a la mesa a discutir dicho proyecto para dar muestras de transparencia, pero anteponiéndolo a la revisión de la ley electoral.
¿Por qué revisar la ley electoral? A la hora de las campañas políticas, muchos personeros de la Concertación tienen cierto grado de trauma con el poderío económico de las abundantes erogaciones económicas de la derecha en favor de sus candidatos a algún cargo de representación popular.
En muchas ocasiones, los candidatos del pacto de gobierno no reciben aportes suficientes para montar una campaña y echan mano a los recursos del fisco para poder equipararse a la maquinaria económica de un sector económico excesivamente concentrado en lo ideológico. Para contrarrestar la tentación, deben acabarse tanto los desvíos fiscales y el intervencionismo electoral, como las excesivas diferencias que pudieran darse entre candidatos de diferentes pactos (más allá de Concertación y Alianza): se debe emparejar la cancha presupuestaria, para que los dineros de campaña no sean lo suficientemente abundantes como para practicar sutiles formas de cohecho y como para que los candidatos se sientan en igualdad de condiciones.
Una manera inteligente y razonable de equilibrar las balanzas fortalecería sin lugar a dudas nuestra democracia, poniéndole la lápida a las ansias de comprarle el voto a los electores a través de dádivas de diversa índole. Solucionar aquellas distorsiones entre bandos evitaría (por ejemplo) la instrumentalización tendenciosa de noticias que le envenenen el pozo a la parte denunciante de cualquier irregularidad hoy y en el futuro: la revelación de la existencia de una cuenta en Hong Kong de Augusto Pinochet, en la cual el ex dictador guarda en oro el equivalente a US$ 160 millones, no debe confrontarse para jugar a los empates morales con la derecha.
No demuestra responsabilidad entre el oficialismo sacarse los pillos de esta manera. Más digno sería procurar las alturas morales a partir de una medida salomónica que acabe con los intervencionismos electorales, termine con el cohecho en cualquiera de sus formas, le atribuya al Servicio Electoral mayores facultades de fiscalización y castigo respecto del falseamiento de los informes de los presupuestos de campaña, revise la ley electoral para homologar las erogaciones entre diferentes bandos políticos y, finalmente, garantice la representatividad proporcional en el sistema electoral, acabando con ese empate forzado llamado binominal.
Como nadie ha llegado a comentar, mejor pongo algo yo.
El senador socialista Ricardo Núñez ha sostenido en entrevista a La Segunda el día de hoy lo mismo que he publicado en este blog, que la solución del problema de Chiledeportes va más allá de revisar las leyes ligadas a la institición: la madre del cordero está en la Ley Electoral, particularmente lo relacionado al financiamiento de las campañas políticas.
“Hay que reformular esta ley con la máxima rigurosidad, de modo tal que efectrivamente sea una ley de límites y control de teransparencia electoral y no donde se cumple una serie de formalidades y con eso nos quedamos tranquilos. Que no gastemos tanto, porque el dinero siempre sale de algún lado y no siempre sale del bolsillo de los candidatos”.
Bruno C.
lástima que el senador nuñez piense así. lástima que muchos parlamentarios oficialistas (y más de alguno de la alianza) deben pensar igual y quizás resolverán el problema de la ley elctoral presionados por el escándalo más que por una razón de fondo. el tema de la ley electoral debe tratarse no como parche a un problema de mayor envergadura sino en un clima de normalidad para que las cabezas piensen y legislen con más técnica que politiquería.
el germen de la corrupción va más allá de una contingencia. en general, es cultural, y en particular, es una realidad del ámbito administrativo. es tan obvio éso que plantear como solución el tema electoral no producirá ningún efecto favorable sino, peor, instrumentalizará una política que debería viajar en su propio canal, dejando a un lado el verdadero meollo del asunto: los precarios instrumentos para fiscalizar y la politización de cargos técnicos.
la corrupción en cualquier modalidad que se presente no se resuelve erradicando el objeto que la motiva sino eliminando las condiciones para que ella ocurra. porque lo que genera la corrupción es de variada índole: hoy pueden ser dineros destinados para campañas políticas y mañana alguien usará fondos públicos para una caridad (fundación “mi casa” incluída) o para que en vez de hacer un buen puente se hagan dos multicanchas. por más loable o justificable que pueda ser una u otra motivación, todas rebundan en lo mismo, y todas generan el mismo efecto negativo.
si algo deber sacar a la luz el secreto a voces de chiledeportes es que la ultrapromocionada modernización de la administración pública no está realizándose y/o no está logrando su objetivo. pero, como era de esperarse, quienes deberían tener presente este tema salen con estupideces. es una idiotez que la derecha argumente no votar por ruiz-tagle como contralor por su afinidad con la concertación y no ver lo negativo que provocaría un contralor que esté en el cargo por más de tres décadas. y después salen con idioteces más grandes como la necesidad de un opositor ideológico para fiscalizar cuando las herramientas del sistema sólo causan la burocratización de la función. herramientas que, por cierto, ellos mismos formularon durante la dictadura.
raya para la suma: aunque entiendo la conveniencia de plantear ahora el tema de la ley electoral, me parece contra el escasa lógica existente sacarlo a palestra ahora cuando el financiamiento de las campañas electorales es un asunto secundario al principal problema. como nuestros parlamentarios no pueden mantenerse discutiendo públicamente dos cosas a la vez, prefiero dejar en pausa lo de la ley y centrarnos en la casi nula modernización de la administración pública. pero como ésto no es provechoso políticamente, creo que, por desgracia, es posible que tome fuerza la discusión que propones, lo cual -insisto- es un gran error.