1) Elaborar registro nacional de todas las organizaciones políticas informales, incluyendo miembros, cabecillas y financistas. Tarea encargada a la Agencia Nacional de Inteligencia, la cual deberá ofrecer el registro para su difusión pública.
2) Pesquisar por Internet los lugares de reuniones que conciertan estas organizaciones para el ejercicio violentista. Deléguese lo anterior a la Brigada del Cibercrimen, instruida por la misma ANI.
3) Cabecillas de los actos de violencia sindicados previamente en manifestaciones que se encuentren procesados y sin sentencias anteriores serán retenidos en comisarías del país por 72 horas: el día anterior a la fecha programada, el día acordado y la jornada posterior.
4) Personas sorprendidas en flagrante acto de violencia serán aprehendidas y recibirán penas de 541 días de cárcel, además de la inhabilidad de derechos políticos de por vida (apelable a los 20 años).
5) Todos los responsables de actos de violencia de una manifestación determinada (que hayan sido identificados) deberán pagar el total de los destrozos, sean en material público o privado, dividido por la cantidad de responsables identificados. Si éstos no pueden pagar la suma, deberán acordar un crédito por el cual deban pagar la suma obligadamente, siendo esta una deuda más en el sistema bancario con todas las consecuencias que ello implica.
6) Se excluirán los actos vandálicos como delito susceptible de eliminarse de los certificados de antecedentes penales cuando los imputados hayan tenido irreprochable conducta anterior.
7) Para evitar el fomento del violentismo, facilitar la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales, procurando eliminar toda impresión de acto engorroso.
¿Qué propondrían ustedes, en el marco de nuestro Estado de Derecho, para solucionar estas aberraciones al ejercicio de la civilidad?





